Artxibo rtf
(45 - 2008ko Abuztua)

TRAS LA CONSULTA

AVANCES Y OBSTÁCULOS EN LA INTEGRACIÓN DEMOCRÁTICA VASCA

Los temas de la política vasca deben residir en las instituciones públicas vascas. La hoja de ruta de Ibarretxe y el Gobierno acapara la atención política de los últimos meses. Es el ‘tema vasco’ predominante desde el fracaso del proceso de paz. Entre aquella y éste, entre la hoja y el proceso, hay grandes diferencias a favor de la iniciativa del Gobierno Vasco. He aquí la más importante de las diferencias: de aquel turbador missing de Ibarretxe y su gabinete frente el proceso de paz se ha pasado al protagonismo de estos mismos con su propia propuesta, aunque el dicho protagonismo sea impugnado, como es conocido, por los que, desde las dos orillas de la política vasca, niegan jurisdicción al lehendakari.

En efecto, es tremendamente positiva la residenciación (┐definitiva?) de los recurrentes temas de la paz y la normalización en la agenda política de las instituciones vascas. Son temas que, desde una perspectiva democrática coherente, no pueden resolverse sin la implicación de los ciudadanos representados por el Gobierno y Parlamento vascos. Su responsabilidad no deriva sólo de la potestas democrática que les compete, sino de la urgencia de una necesidad social ampliamente compartida: este país necesita liderar desde su propia ciudadanía la solución de sus problemas, lo que exige profundizar en las vías democráticas, sobre la base de la implicación activa de sus gentes a través de sus instituciones. Del olvido práctico de este principio provienen la mayoría de las grandes apuestas fracasadas de los últimos años: desde Lizarra hasta Loiola.

Como ya se sabe, la pretensión declarada de la hoja de ruta de Ibarretxe es abrir paso a la paz y a la normalidad política. Para ello, el lehendakari propuso en septiembre dos movimientos: el primero, se concretaría en la búsqueda de un pacto con ZP y el segundo, culminaría con una consulta popular. La deformada interpretación del plan que enseguida hicieron algunos dirigentes y partidos, junto con la amplia resonancia que esta falsa imagen ha obtenido en los medios, ha podido desfigurar la propuesta ante una buena parte de la opinión social, que ha podido observar un riesgo de división en lugar de oportunidad de normalización, auténtico objeto de la iniciativa. Precisamente ante el riesgo de una nueva deriva hacia la acentuación de antagonismos y frentes que ya ha sido padecida por nuestro pueblo, parece conveniente realizar una sólida apuesta democrática de integración política. ┐Es posible esta apuesta en el crítico contexto que hoy vivimos en Euskadi?

Avances y obstáculos en materia de normalización (integración democrática). En el año 1979, en Euskadi se inició un proceso de integración (normalización) política que todavía no se puede dar por culminado. No se puede dar por culminado, en primer lugar, porque la integración política es una tarea permanente, que no se puede agotar en un único momento, por muy solemne y definitivo que se nomine. No se puede dar por concluido, además, porque los compromisos adquiridos en aquel acto estatuyente no han sido todavía materializados.

Ahora, aunque el proceso de integración (normalización) no concluya, no significa que se puedan desdeñar los marcos de referencia, los valores comunes, que se han asentado transversalmente en el país en estos casi 30 años y que forman las ineludibles bases sobre las que se ha de perfeccionar todo proyecto de normalización. El primero de los marcos reivindica la recuperación, vía decisión popular (25 de octubre 1979), de un desarrollo democrático de la mano de las instituciones vascas. El segundo de los marcos ha asumido una idea de nación de naturaleza plural, socialmente integrada, que el acierto de las instituciones y el plebiscito cotidiano han contribuido a consolidar. La defensa de esas referencias, por otra parte, ha obligado a nuestra sociedad a defenderse del terrorismo revolucionario de ETA al que se rechaza en sus medios y también en sus fines.

Contra todo lo integrado. Aún hoy, ‘ETA es el principal enemigo y el mayor obstáculo para que el pueblo vasco haga su camino’ (Ibarretxe). En relación a este cruel y obstinado enemigo, creer todavía que pueda participar de buena gana en un proceso de integración, de pacificación o normalización que no le aporte un valor añadido vía concesiones políticas es un ejercicio de inocencia no exento de graves responsabilidades. Es cierto que, tras el fracaso de Lizarra, atraviesa una fase de debilidad –aunque tuvo un momento de brillo mediático y político con el empuje del proceso de conversaciones con los socialistas- que, más que a su capacidad de reposición de recursos e infraestructura, le afecta a su línea de masas, a su credibilidad decreciente en sus apoyos sociales de siempre. Pero, su ‘infrapolítica’ (James Scott, ‘los dominados y el arte de la resistencia’) es todavía sólida, subsisten importantes colectivos sociales que viven y se relacionan en espacios en los que son dominantes la cultura, los valores, además del discurso y las acciones anti-sistema, contra todo lo integrado.

En relación con la iniciativa del lehendakari, ETA cree que ‘normalización (integración) política’ es un eufemismo que en realidad encubre un auténtico fraude político. Desde la visión dialéctica que sostienen, en la que sólo cabe ganar o perder, un escenario de fraude se produce cuando sus oportunidades de victoria se desvanecen. En este sentido, el Plan Ibarretxe, la hoja de ruta, la Ley de Consulta, fueron y son para ellos un fraude equivalente.

Pero, el único voto positivo de EHAK a la Ley de Consulta no tiene el mismo significado estratégico que los tres votos favorables que el Plan Ibarretxe –Nuevo Estatuto- obtuvo de EH (antigua bandera de conveniencia del partido Batasuna). Los votos de EH fueron emitidos como votos de ofensiva. Es decir, se puede decir que aun cuando eran votos que perseguían desacreditar la capacidad de las instituciones vascas, eran realmente votos que buscaban ese descrédito de Ibarretxe para dar paso al despliegue de la estrategia de ETA en toda su integridad, en el escenario que se estaba cociendo entre ETA y Zapatero, eran en consecuencia votos arropados por la mesa de conversaciones entre Batasuna y el PSE. El voto de EHAK sin embargo es un voto defensivo, que busca que la ultraizquierda vasca no sea identificada como la última responsable política del rechazo a la consulta propuesta por el tripartito. Y aunque busca también el efecto boomerang, especulando con que el rechazo y la inmediata suspensión de la Ley de Consulta por los poderes del Estado demostrará en la práctica la incapacidad de reacción y la incompetencia de las instituciones del ‘fraude del Estatuto’, no deja de ser un voto sin iniciativa, sin otra salida que observar el fracaso del lehendakari y esperar tiempos mejores en los que vuelva a reinar esa inocencia que a lo largo de la historia tan rentable ha resultado para los planes del MLNV.

┐Abonar el resentimiento?. Lo cierto es que, ante la hoja de ruta y la Ley de Consulta, el Gobierno, los grandes partidos y el poder judicial españoles han reaccionado con una terapia de choque. Se ha hecho evidente, en primer lugar, que esos mismos partidos y los titulares de los poderes del Estado tienen una visión cada vez más estática y fosilizada de lo que es integrar. Vienen a decir algo así como esto: ‘éste es el estado de cosas os guste o no, y que sepáis que es inmodificable; por lo tanto, o lo tomáis o lo dejáis’.

No parece haber lugar en ese modelo para los que creemos que integrar significa participar, remodelar constantemente el presente, transformarlo en común, de tal manera que se establezca un proceso de mejora continua de la identificación y del compromiso de los ciudadanos con su comunidad y sus instituciones políticas. Un Estado que no neutraliza la natural tendencia del poder público al abuso del imperium con un impulso constante a la integración voluntaria de sus miembros, un Estado que hipertensiona todo debate en el que se pone de manifiesto su pluralidad nacional interna, puede verse abocado precisamente a abismarse en la situación que está tratando de evitar. Así lo reconoce el mismo Philip Pettit, asesor del presidente español, en su ‘Examen a Zapatero’:

"Ningún Estado multicomunitario puede esperar avanzar y desarrollarse, como lo está haciendo España en la actualidad, sin cambios en las expectativas y en las demandas de su pueblo y, particularmente, de los diferentes pueblos que conforman sus comunidades. Establecer como principio el que estas actitudes cambiantes no puedan impulsar ajustes en el orden constitucional o en los estatutos de autonomía que regulan las relaciones entre las comunidades y el centro del estado no haría más que abonar el antagonismo y el resentimiento".

El consejo de Pettit no ha cuajado, evidentemente, donde debía. El discurso elaborado por las autoridades y los partidos españoles no ha cesado de divulgar un retrato falseado de la propuesta de lehendakari tildando a ésta de rupturista, secesionista, e incluso calificándola como una iniciativa compartida con ETA. Muy lejos de buscar, desde una posición abierta y cooperativa, un arreglo institucional que alejara el riesgo de una espiral frentista, el mismo Gobierno español ha entendido la hoja de ruta como un ‘desafio al Estado’ y ha encabezado una respuesta tan basta y torpe, tan alejada de los términos en los que Pettit ha examinado a Zapatero, que puede ocasionar una conmoción política innecesaria, un rearme de antagonismos, un choque de legitimidades sin salida a corto plazo. Es una respuesta en la que se recurre al Estado de Derecho, una vez reducido éste a una versión rigorista, de fundamentalismo normativista, excluyendo otro tipo de enfoques que privilegiarían la consolidación y el perfeccionamiento del modelo institucional de la transición, y que podrían haber ayudado a que en lugar de la confrontación abierta se hubiera llegado al pacto deseado por la inmensa mayoría de la sociedad vasca.

Gestión errática de la hoja de ruta. Entre nosotros, específicamente entre los nacionalistas vascos, también hay cosas. Para empezar, creo que en los últimos años –desde el final de los noventa- ha ganado terreno entre muchos de nuestros dirigentes un lenguaje que tiene un encaje problemático en los marcos de referencia que he citado al inicio de este segundo apartado. ┐Está muerto el Estatuto? No, desde luego, las instituciones que se recuperaron en virtud de la decisión que lo refrendó. Tampoco han muerto, por supuesto, esas capacidades de las que se ha valido nuestro pueblo para alcanzar un desarrollo nacional y social impensable treinta años atrás. Esas referencias, más bien, siguen muy vivas en el alma del país. No concibo, por lo tanto, qué de positivo puede aportar a la normalización política un discurso que omite esta realidad. Sí veo con mucha claridad, sin embargo, lo vulnerable que llega a ser esta postura ante los cantos de sirena del MLNV.

En relación con la hoja de ruta, mantengo el criterio que manifesté en los artículos ‘el lehendakari ante el plan’ y ‘┐una espiral sin fin?’ publicados en los números 43 y 44 de GoizArgi. Pero, parece indiscutible que el proceso de normalización –y la más inocente pretensión de la pacificación- no van a conseguir ser desbloqueadas de la mano de esta iniciativa. Y, a mi modo de ver, el fracaso no tiene que ver con la inadecuación de los principios habilitantes de la hoja de ruta del Gobierno Vasco. Tiene que ver, manifiestamente, con los impedimentos y obstáculos que he descrito en los dos subapartados que anteceden a éste. Aunque también tiene que ver, muy singularmente, con la errática gestión que se ha hecho desde aquí. Gestión que, en primer lugar, venía muy comprometida desde el establecimiento de un calendario realmente cagaprisas, lo que ha acabado por complicar la capacidad de maniobra de sus propios partidos promotores. Y en segundo lugar, por el frugal empeño del lehendakari y el desdén de importantes sectores del tripartito a la hora de valorar y desarrollar la primera fase de su plan, el pacto.

En otro orden, la táctica de embutir Loiola en el centro del emplazamiento de pacto a Zapatero, me pareció improvisada y, pese a las intrincadas explicaciones de Zallo, imposible de comprender. No cabe duda que la sola mención a Loiola es un auténtico desafío a la idea de legitimidad democrática que tiene el presidente Zapatero. Debía ser incomprensible para todo demócrata que el presidente estuviera en disposición de hablar y acordar con ETA lo que no quiere con el lehendakari. Pero, este argumento tiene su peligro. Que el lehendakari se valga de eventuales contactos y acuerdos con ETA para vestir o fundamentar sus peticiones puede ser malentendido como un ‘recoger las nueces del nogal sacudido’ en Loiola.

En todo caso, la hoja de ruta se ha desenvuelto así. La fase pacto resultó fracasada. Procedía la consulta. Las preguntas estaban anticipadas en el discurso del lehendakari de septiembre del pasado año. La primera de ellas ha sido enigmáticamente retocada. Aunque sin mayoría absoluta, la ley de Consulta es aprobada por el Parlamento. Todos los brazos del Estado se han movilizado. Entre el palo y la zanahoria, la opción es el garrotazo. La apuesta de riesgo de los gobernantes vascos, riesgo cuyo alcance ha sido insuficientemente explicado a la sociedad, se encuentra hoy en un momento decisivo.

┐Qué debemos hacer? La suspensión de la Ley de Consulta y su más que posible ilegalización por el Tribunal Constitucional podrá ser legítimamente discutida en todos los foros, incluso europeos, que se consideren oportunos. La tradición nacionalista de respeto a la legalidad puede ser una vía útil para reformular una gestión estratégica que ha podido sobrepasar ya su punto culminante de éxito. Pero, hay un criterio que no deberíamos olvidar en el futuro. Las instituciones públicas vascas deben promover un progreso para su sociedad tal que no ponga en riesgo ese ‘statu quo’ por el que, hoy por hoy, la sociedad vasca muestra un alto grado de satisfacción. Los avances políticos, en una línea de transformación y progreso social inevitable para los agentes políticos, deben ser percibidos por esta sociedad como avances sin retroceso, como avances que consolidan lo que se ha adquirido hasta el presente, a través de los instrumentos políticos y sociales de que disponemos.

Un periodista catalán, Mañé y Flaquer, dijo en 1878 que una de las más grandes diferencias de carácter entre los vascos y los españoles era que los primeros sólo se levantan ‘cuando ven amenazadas sus instituciones y el resto de España se levanta siempre para derribar las suyas’. Aunque eso de apelar al carácter nacional no sea un recurso muy moderno, creo que en la cita de de Mañé y Flaquer se contiene una enseñanza muy actual para nosotros. Recordemos que ZP ha colgado el cartel de ‘intransferibles’ a las 37 materias pendientes para completar el Estatuto de Gernika. Y que sus ministros están acometiendo una inmensa tarea de desmontaje intelectual de los compromisos del 79. Hoy, son las instituciones vigentes, son las competencias pendientes, es el pacto estatutario burlado, los que sobre todo necesitan una adecuada línea de defensa. ┐Para que sirve proclamar el derecho a decidir si, debido al retraimiento de una sociedad complacida y al desaire de unos políticos que están en otra cosa o se han pasado de largo, observamos cual ‘vaca que mira al tren’ el incumplimiento de una decisión transcendente para nuestro pueblo?

Aunque, la mención al momento decisivo que he realizado al final del apartado anterior podría sugerirlo, el ‘qué debemos hacer’ que planteo no se cierra en una respuesta al plazo inmediato. Las ‘emergencias’ del nacionalismo (salvar la hoja de ruta, ganar las elecciones,…) no deben sin embargo acallar las voces que, en el debate interno, postulan la renovación del nacionalismo vasco para actualizar la misión de sostener un proyecto nacional que lidere y colabore, con las demás fuerzas de la pluralidad vasca, en la realización de un futuro valioso para nuestra nación.

Creo que las herramientas e incluso el lenguaje que necesitamos para organizar esa renovación están vivos, forman parte del equipaje histórico del nacionalismo vasco y propugnan reinterpretar la tradición política de éste para responder mejor a las expectativas de la sociedad vasca contemporánea. Con este objeto, estos sectores han recuperado un discurso de continuidad histórica con los abiertos moldes de un nacionalismo comprometido con las instituciones vascas desde la misma creación de éstas y un discurso que busca una adaptación estratégica a los nuevos desafíos globales y locales. Un discurso que asume como marco propio de referencia el carácter plural de la nación vasca, pluralidad que se sujeta en el reconocimiento y acomodo recíprocos de las diferentes culturas y colores a los que se adscribe su ciudadanía. Un discurso que sostiene que la legalidad ampara al pueblo vasco como sujeto político que, sin olvidar sus responsabilidades, es libre para ejercer sus decisiones Y un discurso que, definitivamente, sostiene la legitimidad que asiste a la sociedad vasca para protegerse de ETA, su primer enemigo.

Joxan Rekondo

(2008-07-23)