Artxibo rtf
(44 - 2008ko Martxoa)

¿JUSTICIA VS DEMOCRACIA?

La tentación totalitaria

La sustancia del principio democrático radica en que compete a los vecinos afectados, en última instancia, deliberar y decidir sobre las condiciones públicas de sus relaciones sociales. La sustancia del principio de la justicia es que a cada persona o sujeto social le sea efectivamente reconocido lo que le es de suyo o le corresponde (lo que le es debido, en la acepción del jus como lo que debe hacerse).

Los modos en que los vecinos son ciudadanos responsables de su polis han sido y son muy variados. De ahí que el calificativo de democrático no pueda aplicarse de manera uniforme. La Atenas de Pericles, la Bizkaia en la época foral, la Ginebra que conoció Rousseau, el Reino Unido actual, la V República francesa, la República del 36 en España, la Navarra actual ... ofrecen todos ellos, sin duda, aspectos democráticos, pero difícilmente pueden ser reducidos a un único modelo común. Ocurre otro tanto con la organización social de la Justicia y el modo de ejercerla en cada sociedad democrática concreta.

No es de extrañar, por tanto, que los modos de combinar democracia y justicia en cada país ofrezcan modalidades diferentes. Al obedecer la justicia y la democracia a principios distintos, ocurre que en el ejercicio de la democracia pueden cometerse –y de hecho se cometen- injusticias. Y en regímenes no genuinamente democráticos puede practicarse -y en casos concretos se hace- la justicia. Esta distinción entre el principio democrático y el de la justicia está en la base de la división de poderes que se proclama en nuestras sociedades, en las que estimamos que los vecinos de cada comunidad, por el simple hecho de ser personas avecindadas, deben ser sujetos –y no simples objetos- de la arquitectura política de su convivencia local y global, y deben ser también, y al mismo tiempo, responsables de sus actos, respondiendo de ellos ante la justicia

Confundir justicia y democracia es el modo más rápido de alejarse de las dos. Separarlas, como si se ignorasen mutuamente, lleva al mismo resultado. Sobre el modo de practicar la democracia y, a la vez, ejercer la justicia, contamos con experiencias históricas tanto positivas como negativas, que pueden orientarnos ante estas dos preguntas de enorme actualidad en todo el mundo:

    • ¿Qué debe hacerse con las instituciones sociales (culturales, económicas, políticas o religiosas) que emergen de la práctica democrática, cuando se comprueba que son utilizadas por criminales o fascistas para cometer injusticias o destruir la democracia?

    • Y ¿qué hacer cuando las instituciones a las que corresponde hacer justicia son utilizadas por algunos jueces para privar del ejercicio práctico de los derechos democráticos a grupos de ciudadanos?.

Al afrontar estas preguntas en la coyuntura histórica presente, temo que nos hallemos excesivamente atrapados por lo que el Nobel de Literatura Imre Kertész, en entrevista reciente (El País, 23.12.07), ha denunciado como el peligro de reproducción de los sistemas totalitarios desarrollados en el siglo XX europeo: "No estoy diciendo que estos sistemas, como el comunismo o el nazismo, estén codificados en los genes. No es lo que quiero decir, pero lo cierto es que los sistemas existieron y a raíz de aquello la gente los lleva consigo. Se ha desarrollado un patrón y ese patrón existe en las mentes de la gente. Puede ocurrir de nuevo porque existe un modelo, un patrón [...] Quiero utilizar la palabra escándalo para lo que siento".

El escándalo está servido entre nosotros. La tentación totalitaria de inspiración revolucionaria sigue arraigada en la mente de quienes dirigen ETA desde su V Asamblea. Y la tentación totalitaria de tradición fascista no parece superada en los planteamientos de algunas personas con responsabilidades en las instituciones del Estado español. A todos ellos les une la fe en la utilidad de la fuerza coactiva para realizar sus designios a favor –y en contra- de un modelo de sociedad o un régimen de convivencia política.

La consideración de Imre Kertész sobre los patrones mentales desde los que se hace política debiera hacernos reflexionar en profundidad a quienes hemos padecido la herencia de una guerra y postguerra marcadas ex exceso por las dos expresiones totalitarias más alejadas de la democracia en el siglo XX europeo: la comunista y la fascista.

La situación es grave para todos los afectados, pero, de manera muy especial, para la sociedad vasca. No sé si es ya posible plantear el debate sobre estos problemas con la serenidad y la radicalidad que exigen. Si nos dejamos arrastrar por los patrones cuyas expresiones organizativas más brutales llevan la marca de ETA y GAL, nos alejaremos cada vez más de un proyecto de convivencia basado en el desarrollo consecuente de la libertad democrática de los vascos y en la aplicación sabia de la justicia. Para evitar tal desviación, es necesario y urgente un rearme ético, basado en los valores propios de la libertad responsable de cada persona (en su dimensión tanto individual como comunitaria) y en su aplicación a la coyuntura delicada que vivimos local y globalmente.

Debemos ayudarnos mutuamente para huir de la tentación totalitaria, enfrentándonos con las armas de la democracia y de la justicia a los deficits democráticos y a las injusticias. Es la tarea socialmente más difícil y compleja: resolver con fórmulas de libertad problemas generados por la falta de libertades y afrontar las injusticias desde la justicia. Pero sin confundir justicia y democracia, porque su confusión es casi totalitarismo (aunque se ejerza en nombre de una mayoría contra una minoría).

Lo que planteo en relación al binomio justicia-democracia, puede también aplicarse a ciencia-democracia, educación-democracia, información-democracia, creencia(s)-democracia ... Si hacemos pender de un único punto de poder político –aunque refrendado por una mayoría legalmente suficiente- la solución de todos esos problemas, es señal de que estamos cayendo en la tentación totalitaria, porque no respetamos la autonomía relativa de los diferentes ámbitos axiales que conforman nuestra vida real.

En la historia pasada y en el mundo actual contamos con experiencias positivas que, sin embargo, difícilmente pueden reducirse a un patrón uniforme en su empeño por combinar justicia y democracia. Su análisis crítico no puede abordarse en un artículo corto. Las condiciones garantistas que debían concurrir para excluir a determinados ciudadanos de sus derechos democráticos en la Atenas de Pericles causarían sorpresa a muchos. Debiéramos estudiar con rigor las experiencias prácticas vividas en diferentes países y aprender tanto de sus aciertos como de sus errores.

En el pasado institucional del Pueblo Vasco también podemos hallar lecciones útiles sobre el particular. A modo de ejemplo resulta de interés la experiencia foral de Bizkaia. Era compleja y complicada la relación entre las autoridades forales elegidas por la comunidad vizcaína y las instancias a las que correspondía administrar justicia, debido a la pluralidad de actores (Alcaldes de la Tierra, Alcaldes de Ferrerías, Jueces de Fuero, el Corregidor, Diputados del Señorío, Juez Mayor, Chancillería Real ...) y de ámbitos o causas. Lo que nos importa destacar en relación al tema planteado es que los vizcaínos podían apelar a sus Diputados en relación a sentencias dictadas por el Corregidor, estando fijados procedimientos precisos para garantizar una mejor administración de la justicia. Lo que llama la atención en esas relaciones entre Corregidor (Juez) y Diputados (representantes de la voluntad popular) es que ninguna de las dos partes debía impedir el ejercicio de la misión específica de la otra.

Lo que el Corregidor no puede hacer nunca es suspender el ejercicio de la responsabilidad de los Diputados en cuanto representantes de las Juntas Generales. El Fuero de Bizkaia de 1526, en el primero de sus títulos, Ley XVIII, establece lo que debe hacerse en caso de conflicto "democrático" entre ellos.

El sello con el que se declaraba oficialmente vinculante una decisión adoptada por la autoridad legislativa y/o ejecutiva de Bizkaia, se guardaba en un Arca con tres llaves, que se hallaban "en poder del Corregidor é Diputados de Vizcaya, sendas Llaves de cada Arca". Y la Ley foral establece "que el Corregidor, cada vez que los dos Diputados, é los dos Síndicos requerieren, que dé la Llave para sellar cualquier Carta que les pareciere ser en utilidad, é provecho de el Condado, haya de dar la Llave dentro de veinte y quatro horas, para sacar el sello del Arca; y passadas las dichas veinte é quatro horas, si el dicho Corregidor no diere la dicha Llave, los dichos dos Diputados puedan descerrajar, y tomar el Sello, y sellar las tales Cartas sin pena alguna".

El carácter contundente de esta Ley debe interpretarse, además, junto con lo que consagra el mismo Fuero sobre la "residencia" obligada de los cargos públicos, para responder del ejercicio de sus responsabilidades (Título 4º). Se trata de normas institucionales para favorecer un autogobierno eficaz, sujeto tanto a la democracia como a la justicia.

No ha habido, ni habrá modelos perfectos para combinar el principio democrático y el de la justicia. Pero en determinados acontecimientos que estamos viviendo en los últimos años no se observa la mejor tendencia para mejorarlos. Quizás radique el problema en la excesiva dependencia mental de patrones totalitarios y en la falta de respeto crítico a los diferentes principios que corresponden a las diferentes dimensiones de un desarrollo integral de convivencia democrática.

Tras la muerte del dictador Franco esperábamos casi todos poder superar en poco tiempo determinados peligros. Sin embargo, según parece, 30 años no bastan para erradicar la tentación muy arraigada de confundir fuerza con derecho y coacción con justicia. La proclama de Cánovas del Castillo en el XIX y precisamente en relación a la cuestión vasca («Cuando la fuerza causa estado, la fuerza constituye derecho y es fuente de derecho») sigue teniendo adeptos, así como hay una red dispersa de activistas dirigidos por quienes creen que la ruptura del sistema debe imponerse por el método de profundizar las contradicciones hasta que surja la chispa que nos envuelva a todos en una llama purificadora (necesariamente devastadora).

El reto radica en enfrentarnos a esos planteamientos combinando el principio democrático y el de la justicia: luchar con las armas de la democracia contra quienes impiden o dificultad su ejercicio y combatir las injusticias todas con justicia. Incluso en los casos en los que se compruebe que malhechores de uno u otro signo, para perpetrar sus crímenes contra la vida, la libertad o las instituciones legítimas, se hayan valido de colaboradores –conscientes o inconscientes- integrados en Partidos, Asociaciones, Fundaciones, Bancos, Iglesias, Sectas, Universidades, Ejército o incluso la Policía, no puede resolverse el problema democráticamente y con justicia liquidando dichas instituciones, sino sólo persiguiendo a quienes delinquen o han delinquido.

Las reflexiones expuestas tienen como telón de fondo algunas iniciativas emprendidas y ejecutadas en nombre de la justicia tanto para luchar contra el "terrorismo" como para interferir en decisiones que democráticamente corresponden a la autoridad legislativa o ejecutiva legítimamente constituidas (casos Atutxa e Ibarretxe, p.e.). Adentrarnos en el análisis de esos casos concretos requiere otro trabajo que dejamos para otra ocasión.

 

 

Francisco Garmendia

2008-02-06