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(45 - 2008ko Abuztua)

DEMOCRACIA Y CONSULTAS CIUDADANAS

En el debate actual sobre la consulta propuesta por el Gobierno de Euskadi para el 25/10/08 conviene distinguir entre las cuestiones de principio –que afectan a las cuestiones básicas de la concepción de la democracia-, de un lado, y la forma en la que se plantea su aplicación en el caso que nos ocupa, del otro. De trata de dos dimensiones que se condicionan mutuamente, pero que no deben confundirse.

Cuestiones de principio

Lo peor del actual debate radica, desde mi percepción, en que el juego de intereses encontrados -no necesariamente democráticos- en torno al momento coyuntural, está afectando negativamente a principios fundamentales para la consolidación del proceso democrático vasco y español.

Para actuar democráticamente no bastan las intenciones, ni las declaraciones avaladas con papeles. La democracia es proceso práctico, en el que se conjugan de una manera propia los modos de sentir, pensar y comportarse en la complicada tarea de combinar libertad y comunidad. Y como tal proceso, la democracia es una realidad abierta, que puede empeorar o mejorar.

El hecho de sentirse individualmente demócrata no es suficiente para actuar como demócrata. La democracia incluye cierta servidumbre comunitaria, que el individuo –si es demócrata- no puede eludir. La democracia tiene como su fundamento que los vecinos de una comunidad dada deben ser sujetos de las condiciones políticas en que se desarrollen sus relaciones sociales tanto económicas como culturales. De ahí se deriva que es condición necesaria –aunque no suficiente- para definir como democrática a una sociedad, que sus vecinos sean no solo objeto sino sujetos de las decisiones políticas que les afectan.

Las consultas para conocer el punto de vista de los ciudadanos son, por ello, una condición necesaria para su desarrollo democrático, pero no bastan para garantizarlo. Obstruir por principio el ejercicio de la consulta es, en cualquier caso, entorpecer la democracia, aunque se utilicen medios legales para ello. Y el solo hecho de oponerse a esas leyes obstruccionistas tampoco garantiza las bases democráticas de otros procesos de consulta política a la sociedad.

La calidad democrática de un sistema político y del conjunto de sus instituciones se mide en el grado de protagonismo que ejercen los vecinos y ciudadanos concretos afectados al definir los problemas y su relevancia, al deliberar sobre ellos y decidir el modo de afrontarlos, así como al ejecutar y evaluar las políticas acordadas.

La puerta de la libertad democrática se abre respetando que todo ciudadano sea libre de hacer preguntas y plantearlas públicamente, en igualdad de condiciones con todos los demás. No basta con la libertad de responder, que es reconocida incluso por fascistas que determinan al dictat las preguntas en plebiscitos manifiestamente antidemocráticos. Reducir la libertad democrática a la libertad de respuesta es rebajar la dignidad de los sujetos humanos a un estadio previo de su evolución, porque también los animales son capaces de responder –aunque de otra manera.

Sin embargo, estos fundamentos elementales de la dimensión consultiva de la democracia, apenas tienen eco en el debate actual sobre la consulta que ocupa y preocupa a tantos ciudadanos y responsables institucionales. En lugar de recurrir a las claves genuinamente democráticas al valorar las posiciones naturalmente contradictorias sobre los problemas que nos inquietan, asistimos a la recuperación de puntos de vista más propios de la tradición fascista o leninista.

La obsesión de que la sociedad vasca no sea consultada es lo que prima en algunas posiciones que no dudan en recurrir a cualquier medio para defender su propósito. A modo de ejemplo: en relación a la "consulta" propuesta por el Gobierno Vasco, el Lehendakari Ibarretxe era insistentemente cuestionado en El País del 8/6/2008 por su entrevistador, quien como último argumento le preguntaba "Pero ¿en qué texto legal se permite?". Es triste tener que constatar que el delegado de El País en Euskadi reproduzca en su pregunta el pensamiento propio de las dictaduras, según el cual todo lo que no está expresamente reconocido debe considerarse como no permitido.

El hecho de que socialmente se haya planteado la viabilidad – inviabilidad de la "consulta" en términos de "papeleo legal" ha hecho que el problema de fondo haya quedado diluido y se haya desenfocado. Ante una estrategia obstruccionista de "impedir" legalmente algo que no está positivamente permitido, el Gobierno Vasco se ha visto obligado –reactivamente- a diseñar una estrategia jurídica que blinde la posibilidad de consulta con una ley que la decreta en tales términos que solamente caben dos preguntas que formula el propio Gobierno.

Es una situación absurda desde un punto de vista democrático, si nos fijamos en las variadas experiencias de consulta vigentes en países de solera participativa. Es por ello importante que no quedemos atrapados en esta espiral de acción-reacción y aspiremos a desarrollar procedimientos de participación consultiva directa que permitan a los ciudadanos formular preguntas, avalándolas con las garantías que se establezcan.

La refutación del derecho a la libertad de preguntar, alegando que determinadas preguntas dividen a la sociedad, equivale a impedir el ejercicio de la libertad en nombre de la unidad. En las mejores experiencias democráticas del mundo suele plantearse la convivencia más en términos de unión, que bajo el concepto de unidad. La unidad de pregunta equivale a excluir otros modos de plantear la convivencia. La unidad (de pensamiento, de sentimiento o de acción) fácilmente se traduce en coacción. La unión se basa en la adhesión voluntaria de mutua dependencia, conquistada por concurso contradictorio que busca solidaridades en beneficio mutuo. La unión es cosa de personas que preguntan y admiten las preguntas de otras personas, confrontándolas en debate y decidiendo sobre ellas por procedimientos siempre perfectibles, pero comúnmente aceptados.

La consulta es una herramienta para conocer el estado de la opinión sobre cuestiones que pueden interesar desigualmente al Gobierno o a la oposición, a unos sectores de la sociedad o a otros. Pero es una herramienta saludable para conocer incluso el grado de nuestras divisiones y antagonismos que, quizás, una vez formalizados, no resulten ser tan graves. Al igual que es sana para la democracia la existencia de los Partidos, que son "parte" y, como tales, expresan la diversidad social.

Lo escrito hasta ahora podrá parecer a algunos, en la vorágine actual de contra o a favor de la consulta planteada por el Gobierno Vasco, una digresión intelectual poco útil. Pero quienes queremos ejercer como vascos libres en un pueblo libre federalmente solidario con los pueblos de Iberia y de toda Europa, debemos cuidarnos muy mucho de conformar nuestra estrategia desde la pura negación de quienes se oponen a nuestra pretensión.

II

¿Qué hacer ahora?

Creo haber expuesto las razones por las que no me gustan los términos en los que está planteado el debate actual sobre la consulta. Pero raramente son los idealmente deseados, los contextos de vida en los que debemos optar. En la oposición a la obsesión cesarista que demuestran quienes dirigen el actual gobierno de España en su empeño por impedir que los vascos manifestemos, en consulta pública, nuestra opinión sobre cuestiones controvertidas que atenazan nuestro desarrollo democrático, debo situarme del lado del Gobierno de Euskadi.

Y lo debo por convicción democrática y por fidelidad a una tradición positiva de nuestra historia institucional. En la disposición adicional del Estatuto de Gernika se hace referencia a que los vascos no renunciamos a lo que por la historia y como pueblo nos corresponde. Una de las características principales del sistema político foral era, precisamente, la participación consultiva y deliberativa de los vecinos - ciudadanos en cuantas cuestiones afectaban a su vida en común. En realidad, tal como recoge Larramendi en su diccionario, agintari (persona que ejerce como autoridad) quiere decir prometedor, en cuanto que es persona obligada a cumplir la palabra dada a su comunidad. Las Juntas Generales, en muchas cuestiones, deliberaban en dos fases: en la primera se recogían los puntos a tratar y en la segunda se tomaban las decisiones, previa consulta a las asambleas de vecinos y sus órganos.

Precisamente a la luz (con sus sombras) de esa tradición, lamento que las circunstancias hayan impedido un planteamiento más avanzado por parte del Gobierno Vasco. Debía haber habilitado, a través de una Ley que desarrollase lo establecido en el Estatuto de Gernika, unos procedimientos que facilitasen la participación consultiva de los ciudadanos, que no debe confundirse con los procedimientos de referéndum para ratificar determinados acuerdos políticos.

Hacer una ley ad hoc o ad casum, habilitando un procedimiento para un contenido de preguntas precisas y limitadas preestablecidas por este u otro Gobierno, equivale, de hecho, a constreñir la posibilidad de libre participación de los ciudadanos que deseen introducir otras preguntas en la consulta que se plantee. Es de desear que próximamente sea posible un acuerdo en sede parlamentaria sobre este particular, salvando la libertad ciudadana a preguntar en público a los conciudadanos, quienes, a su vez, ejerceríamos la libertad de no contestar o de contestar a favor o en contra.

Centrándonos, en el caso que nos ocupa, en las dos proposiciones sobre las que el Gobierno Vasco quiere preguntar en la consulta considero relevante destacar lo que en ellos se indica que no debe hacerse si queremos avanzar por la senda democrática y por qué es importante tomar posición sobre los contenidos en ellas planteados.

Existe la necesidad urgente de clarificar si los ciudadanos vascos y, de manera particular, los identificados nacionalmente como vascos, amparan o condenan la lucha armada (con crímenes, atentados y persecución terrorista) que ETA practica, enarbolando la enseña vasca, como si representase al Pueblo Vasco.

Esta cuestión es importante tanto interna como externamente desde un punto de vista democrático. El Lehendakari Ibarretxe ha afirmado que "ETA es el mayor enemigo, el obstáculo más grande para que el Pueblo Vasco haga su camino". Y, sin embargo, el PP y, también, el PSOE atacan al Lehendakari como cómplice de la estrategia de ETA. Esta opinión es la que impera en el mundo occidental por la amplia campaña al alimón de los aparatos de los Estados de España y Francia, de un lado, y de la propia ETA que se autopresenta como defensora de la causa vasca, del otro.

En este contexto es importante poner a ETA, al PP y al PSOE donde les corresponde, para lo que puede ser útil la pregunta primera de la consulta, que, de interpretarse tomando en su conjunto lo manifestado en sede parlamentaria por el Lehendakari del Gobierno proponente, significa:

 

          1. que la sociedad vasca le niega a ETA toda legitimidad para negociar nada en nombre del Pueblo Vasco como no sea su autodisolución a la que, en su caso, seguiría el final dialogado de quienes se hallan cumpliendo condenas y viviendo irregularmente debido a su implicación en actos de terror;
          2. que la sociedad vasca no acepta, por tanto, ninguna decisión de ninguna autoridad que negociase nada con ETA como no sea lo anteriormente dicho; y, en consecuencia, exige a las autoridades que le representan el respeto riguroso a dicha posición.

La segunda proposición de la consulta está justificada por la necesidad de clarificar si la sociedad vasca está de acuerdo con el inicio de un nuevo proceso deliberativo para corregir la situación actual de incumplimiento del Estatuto de Gernika por parte del Estado y su negativa a corregir tal proceder, como hubiese sido de rigor desde la bilateralidad no subordinada, en la que se sustenta el pacto del Estatuto de Gernika.

Esta pregunta completa la primera desde un punto de vista democrático. Hay que denunciar el incumplimiento del Estatuto de Gernika (por invasión unilateral con Leyes Básicas laminadoras y omisión intencionada de transferencias pospuestas sine die después de 28 años), abogando por una solución radical que garantice la biletaralidad no subordinada, lo que exige respetar lo libremente pactado con amparo institucional suficiente para obligar a ello.

En general se debe combatir la pretensión de considerar como democráticas las decisiones tomadas en relación a los vascos sin consultar su voluntad. Lo que queda de vasco en la realidad social que conforman los pueblos vascos es gracias a negarse a aceptar como voluntad propiamente vasca la que era unilateralmente impuesta. "El pase foral" en Bizkaia, el "derecho de sobrecarta en Navarra", el "uso" en Gipuzkoa son instituciones que impedían a los poderes públicos la imposición.

Quien impide o restringe las consultas democráticas, impide o restringe la unión democrática de ciudadanos y pueblos en libertad y solidaridad.

 

Francisco Garmendia
2008-06-25